El Consejo de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de Castilla-La Mancha ha sido fundamental en la creación de un nuevo decreto que regula las Entidades Colaboradoras de la Administración. Esta medida busca reforzar el soporte técnico a las entidades locales, especialmente a las de menor tamaño, sin desplazar las competencias ni la autoridad de las administraciones públicas.
El decreto, aprobado recientemente y publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, establece el marco legal para estas entidades, alineándose con las previsiones de la Ley 4/2025 de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa. Permitirá que las entidades colaboradoras operen en áreas como el urbanismo, la gestión forestal, la evaluación ambiental, la economía circular, el patrimonio cultural, los servicios sociales y el turismo.
Rafael Santiago, presidente de COSITAL Castilla-La Mancha, destacó que la normativa pretende mejorar la capacidad técnica de la administración pública, especialmente en áreas rurales, mediante colaboración efectiva con entidades especializadas. Se trata de un régimen público-privado en el que estas entidades ofrecen apoyo técnico, optimizando procesos y mejorando la calidad técnica de los expedientes.
El decreto detalla que las funciones de estas entidades se limitarán a informes, certificaciones y asistencia técnica, asegurando que no reemplazarán las competencias administrativas, que seguirán con el control de los procedimientos. «No implica una renuncia al principio de autoridad por parte de la Administración. Son entidades para colaborar, no para sustituir», afirmó Santiago.
El marco legal abordará inicialmente el urbanismo, pero se expandirá a otros sectores como la gestión forestal, calidad ambiental, y economía circular, entre otros. Según COSITAL, esta normativa ofrece a los ayuntamientos la oportunidad de mejorar su gestión y acceso a recursos técnicos especializados, lo cual es crítico para municipios pequeños con estructuras administrativas limitadas.
«Reforzar la capacidad técnica de nuestros ayuntamientos es algo bienvenido. Es vital que los municipios cuenten con más herramientas para servir mejor a la ciudadanía, asegurando siempre las garantías, el control administrativo y la seguridad jurídica», concluyó Rafael Santiago.
