La vicesecretaria de Organización Territorial del Partido Popular (PP), Carmen Fúnez, ha hecho un llamamiento al Gobierno central para que convoque una reunión con todas las comunidades autónomas y sectores afectados por los aranceles impuestos por el Gobierno de Estados Unidos. Durante la inauguración de la nueva sede local del PP en Almagro, Fúnez dejó claro que la respuesta de España debe ser «firme, proporcionada e inteligente». Advirtió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no debe recurrir a «ningún atajo, ninguna triquiñuela» en este asunto.
La vicesecretaria expresó su desconfianza hacia Sánchez, subrayando que el PP estará atento para asegurar que «piense más en el interés de los españoles que en el suyo propio». Fúnez reafirmó el compromiso del PP de «defender con uñas y dientes los intereses de todos los españoles», enfatizando la importancia de apoyarse en Europa como un aliado clave para enfrentar situaciones complicadas. Aseguró que su partido se encargará de proteger los intereses de agricultores, ganaderos y empresas de los sectores automovilístico y farmacéutico ante los aranceles implementados por el gobierno de Donald Trump.
En el contexto del próximo viaje de Sánchez a China, Fúnez recordó que José Luis Rodríguez Zapatero es el embajador de España en ese país. Insinuó que la designación de Zapatero podría no ser beneficiosa, y citó la experiencia de Sánchez en Venezuela como una razón para dudar de si actuará en favor de Zapatero más que en favor de los españoles.
En otro tema, Fúnez se refirió a la acción que el PP propondrá en el Senado contra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Manifestó que «sobran los motivos» para reprobación tras sus comentarios sobre la presunción de inocencia del exfutbolista Dani Alves.
Además, mencionó la interpelación que el PP llevará al Congreso interrogando sobre la ausencia de los Presupuestos Generales de 2025 y abogó por transparencia en la aprobación de una partida de 2.000 millones de euros para defensa. Advirtió que la falta de esta partida podría debilitar al Parlamento y la democracia.
Fúnez concluyó afirmando que la política de defensa debe servir al Estado de Derecho y la democracia, y responder a los intereses de los socios en la Unión Europea.
