La vicesecretaria de Organización Territorial del Partido Popular (PP), Carmen Fúnez, ha lanzado un llamamiento al Gobierno central para que convoque una reunión urgente con todas las comunidades autónomas y los sectores económicos afectados por los aranceles impuestos por el Gobierno de Estados Unidos. Este llamamiento se realizó durante un acto del PP en Almagro, donde Fúnez inauguró una nueva sede local del partido junto a Paco Núñez, presidente del PP de Castilla-La Mancha. En su intervención, Fúnez enfatizó la necesidad de que España responda de manera «firme, proporcionada e inteligente» ante las medidas arancelarias de EE.UU. Además, advirtió al presidente Pedro Sánchez contra cualquier intento de recurrir a «atajos o triquiñuelas».
Fúnez manifestó su profunda desconfianza hacia el presidente Sánchez, asegurando que no confían «ni un pelo» en sus acciones. La vicesecretaria garantizó que el PP seguirá defendiendo los intereses de todos los ciudadanos españoles, con especial atención a los sectores productivos más perjudicados por los sanciones comerciales, como los agricultores, ganaderos y las industrias del sector automovilístico y farmacéutico.
En su discurso, Fúnez subrayó el papel crucial de la Unión Europea como un bastión en la gestión de desafíos en el ámbito internacional. Aseguró que el Partido Popular está comprometido con la protección de los sectores afectados y destacó la necesidad de una respuesta coordinada desde la UE.
Además, Fúnez cuestionó el próximo viaje de Sánchez a China, recordando que el embajador español en el país asiático es José Luis Rodríguez Zapatero. Criticó su designación, insinuando que Sánchez ha fallado en su política internacional bajo la influencia de Zapatero, y expresó sus dudas sobre si el presidente priorizará los intereses españoles o los del exmandatario.
Por otra parte, la vicesecretaria anunció la inminente presentación por parte del PP de una reprobación en el Senado contra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en respuesta a sus declaraciones sobre la presunción de inocencia tras la absolución de Dani Alves. También reprochó la falta de presentación de los Presupuestos Generales del año 2025 al Congreso en un momento de alta incertidumbre económica, exigiendo mayor transparencia del Gobierno.
Fúnez no dejó de mencionar los planes del Gobierno de aprobar una partida de 2.000 millones de euros para defensa. Advirtió que esa política no debería beneficiar solo a la coalición gobernante, sino servir al Estado de Derecho, la democracia y los intereses de los socios europeos. En sus palabras finales, insistió en que la política de defensa de España debe alinearse con las exigencias de los aliados en la UE.
